El tribunal federal electoral se halla en una crisis que pone en llamas un proceso de 35 años a fin de dar certidumbre y respetabilidad a los procesos para designar a los representantes, incluido el presidente de la República. Lo peor de este escenario es que personajes clave que despachan en Palacio Nacional y en la Suprema Corte son señalados como los más obstinados en incendiar la pradera.
Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila a resolver decenas de casos relevantes derivados de los comicios de junio pasado, los siete magistrados que integran ese cuerpo colegiado protagonizan una pugna interna alentada esencialmente por presiones políticas para forzar sus resoluciones en un sentido no apegado al dictado de las urnas.
El pasado miércoles 21 el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar (detectado en pleno veraneo en Nueva York) declaró en un tuit que una “anomalía” en el diseño del TEPJF le impide encabezar “un combate serio en contra del abuso, la corrupción y la impunidad”.
Sin duda, habló con la autoridad moral que le permite hallarse al centro de una reforma que pretende imponerlo en su despacho hasta el fin de sexenio. O de quien ha impedido que se voten espinosos asuntos que incomodan a Palacio.
A Zaldívar le tomó 35 años descubrir que en 1986 fue creado el primer tribunal electoral, y que hace cinco lustros se le transformó, ya como parte del Poder Judicial federal, según describió recientemente José Woldenberg.
El “estreno” del Tribunal con la llamada cuarta transformación fue el derrocamiento de Janine Otálora, elegida en 2016 de forma unánime por el Senado, pero que dejó el puesto en enero de 2019, apenas un mes después del inicio del gobierno López Obrador. La señora Otálora dijo a sus seis homólogos que Zaldívar Lelo de la Larrea y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, la habían emplazado a dimitir para resolver una crisis que tenía, como hoy, tanto componentes internos como sembrados desde el exterior.
Bien dice el clásico que, en política, el error que cuenta es el primero, los demás son consecuencias. Tras Otálora llegó al cargo Felipe Fuentes Barrera, bajo el entendido de que concluiría el cuatrienio previsto para aquélla y luego buscaría reelegirse por un periodo similar. A última hora, una legión de actores ajenos a la institución —se señaló a los mencionados, más las manos del PAN y del PRI— derrumbó esa posibilidad y llevó a la presidencia a José Luis Vargas, al que le ha tocado encarar una rebelión en casa contra lo que se denuncia como sórdidas presiones externas.
Sin embargo la solución, que hoy parece imposible, es simplemente que todos permitan la impartición independiente de justicia electoral.