Con una votación cuatro a uno, el Tribunal Electoral avaló la supermayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, al confirmar la asignación de plurinominales aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde alcanza la mayoría calificada en San Lázaro con 364 curules.
De estos, 236 son para Morena; 77 para el Partido Verde y 51 para el Partido del Trabajo.
En la coalición Fuerza y Corazón por México, el PAN tendrá 72; PRI, 35; PRD, uno de mayoría relativa y Movimiento Ciudadano con 27. También habrá un diputado independiente.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, respaldado por Mónica Soto, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, declaraba como infundados las demandas sobre una sobrerrepresentación por arriba del 8 % de la coalición de la 4T, así como una interpretación distinta para el reparto de pluris; el único voto en contra de la integración fue de Janine Otálora.
Al afirmar que el Tribunal Electoral “no da curules”, la presidenta Mónica Soto, afirmó que están comprometidos a resolver conforme a la Constitución, pese a las amenazas.
“Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”, sostuvo.
Señaló que “la distorsión es válida” en el sistema electoral que tenemos. Incluso, mostró una comparativa de la conformación de la Cámara de Diputados en 2015, cuando PAN y PRI tenían mayoría, en contraste con esta elección, al subrayar que se ha aplicado la misma regla.
En contra del proyecto, la magistrada Janine Otálora consideró que el TEPJF debe hacer un análisis de la asignación de representación proporcional con base en la realidad y principios del sistema democrático, ya que la coalición mayoritaria tendría una sobrerrepresentación por encima de lo permitido.
No es de proporcionalidad pura
El ponente del asunto, Felipe de la Mata sostuvo que la propuesta es respetuosa de la Constitución, argumentando que el sistema mexicano no es de proporcionalidad pura, como planteó la oposición en sus demandas.
“No es la norma ni su interpretación, sino lo que de ello se obtiene lo que molesta a los actores”, apuntó.
“Si se quiere un cambio en los límites de la sobrerrepresentación con miras a 2027, la renovación formal de la legislatura federal marcará el inicio de un momento prudente y adecuado para discutirlos y consensuarlos”, por lo que, hasta entonces, aclaró, “deben aplicar la norma igual que en procesos anteriores”.
El magistrado Felipe Fuentes se pronunció a favor del proyecto, defendió que al Tribunal Electoral le corresponde aplicar las reglas del juego, no resolver sobre temas parlamentarios.
Señaló que no se puede hacer una interpretación por coalición porque éstas tienen una utilidad durante el proceso electoral “y mueren en la jornada electoral”.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que al hacer una lectora sistemática y funcional, “es claro para mí que en el orden jurídico vigente los límites solo son viables aplicarlos por partido político y no por coalición”, por lo que está a favor de la integración de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, consideró que sí existe una omisión legislativa por lo que propone vincular al Congreso de la Unión para que atiendan las incoherencias que persisten en el sistema electoral, a fin de que una coalición no pueda reformar por sí solas reformas constitucionales.