A más de un año de la publicación de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la diputada Angélica Reyes Ávila llamó a las autoridades federales aplicar esa legislación y robustecer los mecanismos que contribuyan a erradicar el trabajo infantil.
En México existen 2.5 millones de niños y adolescentes que trabajan, vulnerando así su derecho al sano esparcimiento, a jugar y desarrollarse plenamente, además de poner en riesgo su salud.
Mecanismos
La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados consideró que aunque dicha legislación puede ser perfectible, es necesario también robustecer los mecanismos para proteger a este sector de la población, que muchas veces es víctima de trabajo forzado.
El trabajo infantil no solo impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos, sino que obstaculiza el cumplimiento del derecho a la educación, cuyo fenómeno repercute negativamente en su vida adulta, excluyéndolos de mejores oportunidades y agudizando la desigualdad.
Hace 25 años México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la protección contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpezca su educación, sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
La representante de Nueva Alianza indicó que la mayor parte de la población infantil que trabaja lo hace principalmente en el sector de servicios y comercio.
También en la agricultura, industria manufacturera y la construcción de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2011.