La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió a la Cámara de Diputados un pronunciamiento en el que señala que el Estado mexicano debe considerar la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional y reconocer a quienes se aplica la presunción de inocencia.
A través del documento “Pronunciamiento sobre el plazo razonable en prisión preventiva”, enviado por la Mesa Directiva a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia para su conocimiento, la CNDH resalta que se tiene que garantizar seguridad jurídica a las partes.
De igual modo, establecer que la dilación en el plazo razonable no sólo implica la afectación que recae directamente sobre la persona privada de la libertad, sino también sobre los derechos de las víctimas que en el proceso se ven afectadas.
El organismo de derechos humanos plantea tomar en consideración la necesidad de resolver los procesos penales dentro del plazo constitucional, a fin de que se garantice, en su caso, la reparación del daño a la víctima, permitiéndole acceder también a procesos de justicia restaurativa.
Precisa que se deben privilegiar otras medidas cautelares a la prisión preventiva cuando ésta no sea necesaria, a fin de que la persona pueda llevar su proceso en libertad.
La CNDH propone que el Estado asuma la obligación de no restringir la libertad del detenido, más allá de los límites constitucionalmente establecidos en la aplicación de la acción de la justicia, sin que ello implique modificar la medida cautelar de prisión preventiva por otra restrictiva de la libertad.
Además, considera que debe revisar periódicamente la aplicación de la prisión preventiva, considerando su pertinencia, conforme a los estándares interamericanos establecidos sobre la materia.